REDESCA saluda decisiones tomadas en la región para enfrentar el cambio climático

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Fuente: OEA

Washington, D.C. – La Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda las decisiones tomadas en el Perú y Colombia para hacer frente a la emisión de gases efecto invernadero en un contexto de cambio climático. Por un lado, el 15 de marzo último el Congreso del Perú aprobó la Ley Marco sobre Cambio Climático, la cual tiene por objetivo establecer disposiciones generales para la planificación, ejecución, articulación, monitoreo, evaluación, reporte y difusión de la gestión de las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Por su parte el 5 de abril pasado la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo tutelando el derecho a un medio ambiente sano y ordenando al gobierno de dicho país tomar acciones concretas frente al calentamiento global.

Dichas decisiones se suman a las normas legislativas aprobadas, por ejemplo, en México en 2012, Guatemala en 2013 y Honduras en 2014, buscando la adopción de prácticas orientadas a la reducción de la situación de vulnerabilidad del medio ambiente así como mejorar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas mediante propuestas de prevención y mitigación de los efectos producidos por el cambio climático.

Respecto de la normativa peruana cabe destacar al reconocimiento a la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas de agua, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenas u originarios. También se subraya la incorporación del enfoque intercultural, valorizando los diferentes conocimientos ancestrales y concepciones de bienestar y desarrollo de pueblos indígenas y afroperuanos, como el enfoque de derechos humanos e igualdad de género, en el que se reconoce el impacto diferenciado del cambio climático en determinados grupos en situación de vulnerabilidad y la necesidad de contrarrestar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, las cuales ignoran el rol y participación de las últimas en las estrategias para abordar el tema.

De la misma forma, la REDESCA destaca que en la sentencia de la máxima instancia judicial colombiana se subraya la interdependencia del derecho a un medio ambiente sano con la realización de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en la cual se enfatiza que derechos como la vida, alimentación, agua, salud y la misma dignidad humana están ligados y sustancialmente determinados por el entorno y el medio ambiente. En ese marco, el Alto Tribunal colombiano reconoce a la Amazonía colombiana como sujeto de derecho, afirmando así que los bosques cumplen un rol importante en la mitigación del cambio climático y que pueden ser pasibles de protección jurídica. Por tanto, ordenó a diversas autoridades nacionales, regionales y municipales, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger a la Amazonía colombiana.

Lo anteriormente mencionado se articula con la aprobación a inicios de marzo pasado de un tratado vinculante para la protección de los defensores ambientales en la región, mismo que fue aprobado por 25 gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Dicho acuerdo, impulsado por la CEPAL, busca materializar el Principio 10 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo el cual tiene por objeto asegurar que a toda persona se garantice el derecho de acceso a la información, participación y justicia de carácter ambiental, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Este instrumento adquiere particular importancia ante las constantes amenazas y violaciones a los derechos de los y las defensoras ambientales en el continente americano, el cual según información pública se ha convertido en la región más peligrosa para esta actividad, registrando 115 asesinatos en 2017 y 122 en 2016; es decir, alrededor de diez asesinados por mes por el trabajo en la defensa de tierras, fauna y recursos naturales.

Esta Relatoría Especial reconoce la labor y esfuerzos impulsados desde la sociedad civil para el avance de estas iniciativas y recuerda que la Corte IDH, mediante la Opinión Consultiva 23-17, ha indicado que los Estados deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente. En dicha Opinión también se indica que los Estados deben aplicar el principio de precaución, frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Lo anterior debido a la existencia de una relación innegable entre la protección del derecho a un medio ambiente sano y la realización de otros derechos humanos, en tanto que la degradación de los ecosistemas puede afectar el goce efectivo de estos.

La REDESCA subraya que los países del hemisferio se comprometieron en el marco de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, lo cual requiere un trabajo coordinado y cooperativo de la comunidad internacional al ser un tema que claramente trasciende fronteras. En ese marco, esta Relatoría Especial saluda la adopción de estas decisiones como pasos fundamentales dirigidos a la protección del derecho a un medio ambiente sano como los derechos humanos conexos, recordando que el reconocimiento formal de este debe ir acompañado del cumplimiento y aplicación efectiva de su contenido. Los Estados deben asumir esta tarea como un deber jurídico propio a partir de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.

Asimismo, hace un llamado a los Estados de la región a ratificar el tratado antes mencionado con el objeto de fortalecer jurídicamente la protección ambiental, a los y las defensoras de este y el corpus iuris interamericano en este ámbito. Finalmente, esta Relatoría se pone a disposición de los Estados miembros de la OEA con el fin de brindar asistencia técnica y cooperación en el marco de su mandato relacionado a este tema.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una Oficina especialmente creada para apoyar a la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.