En una diligencia que se prolongó por más de tres horas en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respondió un pliego de preguntas a la Fiscalía como parte de la investigación sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
Cerca de las 8:30 a.m., el fiscal Hamilton Castro, quien lidera la investigación, llegó a Palacio, donde se realizó esta reunión de manera reservada. Asimismo, la procuradora ad hoc para este caso, Katherine Ampuero, también estuvo presente.
El jefe de Estado declaró en calidad de testigo y absolvió cerca de 50 preguntas, que giraron en torno a la adjudicación de los tramos 2 y 3 de esta carretera, contratos que se firmaron durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.
Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas en dos oportunidades en la gestión de Toledo. Luego fue presidente del Consejo de Ministros hasta el final del gobierno chakano. En ese lapso, también fue presidente del Consejo Directivo de Proinversión, la entidad que se encargó de la licitación de la obra.
Uno de los puntos principales que busca esclarecer el Ministerio Público es la reunión de Proinversión de agosto de 2005, donde se dejó de lado un informe de la Contraloría que advertía que Odebrecht no podía participar en dicho concurso.
Trascendió que Kuczynski dijo al fiscal que no recordaba con exactitud los alcances de esta reunión y cómo se decidió levantar las observaciones a la empresa. Hay que precisar que la cita en mención se realizó hace 12 años.
En este aspecto, la Fiscalía señala que Kuczynski votó a favor del informe legal que realizó el estudio Monroy, el cual se utilizó para desestimar.
En ese entonces, la Contraloría advertía que la constructora brasileña no estaba calificada para contratar en estas obras debido a los diversos procesos que enfrentaba con el Estado Peruano.
Tras esta extensa cita, el fiscal Hamilton Castro se retiró de la casa de gobierno sin dar declaraciones a la prensa.
La constructora Odebrecht admitió que entre 2005 y 2014 pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos con el fin de ganar licitaciones en varios proyectos de infraestructura pública.
Esto durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
