Mayor transparencia en las licitaciones previene la corrupción

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Servindi

5 de mayo, 2017.- La transparencia en las licitaciones de los proyectos extractivos y de infraestructura es uno de los candados que previene la corrupción. Esta es una de las lecciones que comparte la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) luego de analizar el caso –ahora detenido– del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

El tema fue destacado en dos eventos realizados en el marco del Foro Social Pan Amazónico (FOSPA). Se trata del “Taller de preparación para la participación para la participación de comunicadores indígenas en el Foro Social Pan amazónico”, realizado en la Cámara de Comercio de Tarapoto el 27 de abril.

El segundo evento fue el Foro Público “Transparencia y vigilancia frente a la corrupción: El rol de la sociedad civil y los medios de comunicación”, realizado en la Universidad Nacional de San Martín, en Tarapoto, el mismo 27 de abril, de 7 a 9 de la noche.

Los eventos fueron organizados por la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y Servicios en comunicación Intercultural Servindi, y contaron además con la participación de DAR, Ojo Público y Proética.

DAR realiza un monitoreo periódico y en este marco se revisaron y analizaron los mecanismos de transparencia aplicados en el proceso de otorgamiento de derechos del GSP realizado por Proinversión entre los años 2013 y 2014.

El análisis de DAR observa que la falta de publicidad de las decisiones de exfuncionarios del comité de licitación de Proinversión fue una falencia en la licitación del citado gasoducto.

Ello ha conllevado a que desde el 28 de abril, Estudios Técnicos SAS custodia y administra temporalmente los bienes del Gasoducto Sur Peruano hasta la concesión definitiva a cargo de Proinversión, a realizarse en el primer trimestre de 2018.

Las recomendaciones expuestas por DAR son claves en los nuevos procesos de licitación que realizará Proinversión, considerando que existen 16 proyectos priorizados, y para el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana y de los pueblos indígenas.

Foto: DAR

Foto: DAR

Jorge Agurto (Servindi), María del Pilar Saenz (FES), Aída Gamboa (DAR), Cecilia Tacussi-Oblitas (Proética) y Ernesto Cabral (Ojo Público) unidos en una jornada memorable contra la corrupción

Candados anticorrupción

Los casos de corrupción que han impactado a doce países de América Latina y el Caribe, no son la excepción, en el Perú. Proyectos como la Interoceánica y el GSP son ejemplos de que sin candados anticorrupción en las licitaciones y contratos se pone en riesgo el desarrollo del país.

DAR reafirma la importancia de contar con criterios de gobernanza en el proceso de licitación de proyectos extractivos y de infraestructura.

Para evitar conflictos de intereses es necesario conocer información desde la etapa de planificación de una licitación, así como hacer públicos los nombres y perfil de los funcionarios responsables.

Otro aspecto importante es que los criterios para evaluar a los postores en una licitación necesitan ser transparentes y de acceso al público por lo menos mediante el sitio web de la entidad competente.

Así, se fortalece el rol vigilante de la ciudadanpia y de aquellas poblaciones cuyos territorios podrían ser impactados o estar superpuestos a obras de gran envergadura, como los pueblos y comunidades indígenas.

También es vital implementar mecanismos complementarios de participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas en los procesos de licitación, que sirvan para la rendición de cuentas del proceso.

De este modo, las poblaciones afectadas se convierten en coparticipes del Estado, se reduciría la desconfianza de la población sobre los proyectos y la toma de decisiones se darían en procesos transparencia y de publicidad.

Con estos elementos, la ciudadanía interesada puede vigilar un proyecto de inversión desde todas las etapas, al igual que los funcionarios de diversos sectores e instituciones interesadas en alertar irregularidades.

El gasoducto del sur: todo un caso

El 25 de abril el juez de investigación preparatoria para casos de corrupción, Juan Sánchez Balbuena, levantó el secreto de las comunicaciones a los miembros del Comité Proseguridad Energética de Proinversión.

El citado comité licitó la concesión del GSP y declaró ganadora a la concesionaria Gasoducto Sur Peruano SA. que tuvo como accionista a Odebrecht Latinvest Perú.

La medida es parte de las investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible (corrupción de funcionarios), en el marco de las revelaciones del caso Lava Jato.

Ello confirma la importancia del rol que cumplan dichos integrantes y el porqué es importante que su información profesional deba ser revelada a efectos de la investigación fiscal.

DAR señala que lo mismo debe suceder con la documentación generada por los demás sectores involucrados y opiniones que se solicitan durante un proceso de licitación, así como las auditorías realizadas posteriormente.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República, en el caso del GSP, observó cinco aspectos del proceso de licitación como: los postores, las bases de licitación, el contrato, la sostenibilidad y las garantías del proyecto, opinión que no fue tomada en cuenta en la toma de decisiones sobre la aprobación del proyecto(1).

Hasta enero de 2017 los recursos de los peruanos estuvieron comprometidos para financiar la construcción del GSP, a través del alza del 1% en los recibos de luz desde enero 2015.

Este subsidio fue promovido por préstamos para políticas de desarrollo financiados por el Banco Mundial al Estado peruano (más información ver informe de DAR).

La Contraloría: un actor clave que viene siendo debilitado 

DAR destaca que la Contraloría General de la República es un actor clave para asegurar la prevención, el control y la supervisión del manejo de los recursos y bienes públicos.

En consecuencia su rol debe ser fortalecido a fin de participar durante todo el proceso de licitación de cualquier tipo de proyecto de inversión.

Los informes de Contraloría, ya sea que realice de oficio o por denuncias de terceros, deben ser socializados y accesibles vía internet, así como difundidos a las poblaciones potencialmente impactadas por las asociaciones público privadas (APP).

Sin embargo, y a contracorriente, los decretos legislativos promulgados por el actual gobierno estarían debilitando el papel de la Contraloría en los procesos de licitación de obras y APP a nivel local, regional y nacional.

Específicamente, la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1250 y el artículo 16 inciso 5 del Decreto Legislativo 1251 disponen que la Contraloría emitirá un informe previo no vinculante antes de la aprobación de un contrato.

Además restringe el alcance del informe debido a que sólo podrá versar sobre aquellos aspectos que comprometan la capacidad financiera del Estado.

Nota:

(1) La Contraloría General de la República, en agosto de 2015, presentó un informe con 5 observaciones en el proceso de promoción del Gasoducto que dio como ganador al grupo conformado por Odebrecht: 1. Un postor fue descalificado sin que haya vulnerado las bases del concurso. 2. Las bases no permitían evaluar la calidad de las propuestas de los postores. 3. En la versión final del contrato cambiaron las cláusulas en beneficio del ganador. 4. La sostenibilidad del proyecto no estaba garantizada. 5. No existe garantía de reservas disponibles de gas. Ver: http://bit.ly/2oNvwCN).