La deforestación de la industria petrolera pone en riesgo al Parque Yasuní en Ecuador

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  • En esta área protegida la industria petrolera ya ha deforestado 417 hectáreas de bosque cuando el máximo permitido eran 300.
  • El Parque Yasuní cuenta con una biodiversidad única y conocer todos los impactos que sufre debido a la industria petrolera podría tardar incluso 100 años.

Fuente: Mongabay 

Por: Antonio José Paz Cardona

El Parque Nacional Yasuní, en el noreste de Ecuador y en medio de la Amazonía, es quizás uno de los lugares más biodiversos del planeta. Sin embargo, esta joya natural en pleno “pulmón del mundo” compite con los intereses económicos de las empresas dedicadas a actividades extractivas. Debajo de sus suelos se encuentran enormes reservas de petróleo. Medioambiente y economía llevan casi cuatro décadas —desde la creación de esta área protegida en 1979—  enfrentados en un duro pulso.

En Yasuní, la industria petrolera no solo se enfrenta a los cuestionamientos ambientales, sino sociales, ya que esta área protegida también coincide con parte del Territorio Étnico de la Nacionalidad indígena Waorani y en sus selvas habitan los Tagaeri y Taromenane, dos comunidades indígenas que decidieron vivir en aislamiento voluntario y las cuales, según la constitución ecuatoriana, cuentan con especial protección. De hecho, son de las pocas comunidades de América que viven en aislamiento, razón por la que se desconoce con certeza el número total de sus integrantes y gran parte de sus costumbres y comportamientos.

En teoría, las leyes ecuatorianas prohíben la explotación petrolera en los lugares donde viven estos pueblos. Sin embargo, el presidente puede pedirle a la Asamblea Nacional que declare de interés nacional la explotación petrolera en un territorio. “Se trata de una argucia jurídica”, le dijo Benito Bonilla, vocero del colectivo YASunidos a Mongabay Latam.  Esta organización de la sociedad civil está conformada por personas que buscan proteger la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní y se oponen a la extracción petrolera de un territorio en el que “en solo una hectárea hay más biodiversidad que en Norteamérica”.

Bonilla asegura que el 15 de agosto de 2013 el expresidente Rafael Correa recurrió a esa argucia jurídica de declarar el Yasuní como de interés nacional para que se pudiera extraer petróleo de sus suelos. Nunca se convocó a una consulta popular para conocer la opinión de los ecuatorianos.

La Asamblea Nacional autorizó 1030 hectáreas para la explotación petrolera dentro de Yasuní, pero en febrero de este año, en un referendo, los ecuatorianos votaron para que el área de explotación se redujera a 300 hectáreas y para que la zona intangible —parte del Parque donde las actividades extractivas, incluyendo la petrolera, están prohibidas con el fin de proteger el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario— se ampliara en 50 000 hectáreas.

Ahora, la lucha de las comunidades y de los colectivos de la sociedad civil se ha centrado en que la empresa estatal Petroamazonas ha excedido las 300 hectáreas que se podían deforestar para extracción de hidrocarburos.

Y es que su reclamo tiene sustento técnico. El proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation Association y ACCA Conservación Amazónica acaba de lanzar un mapa en el que muestra la deforestación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. MAAP analizó imágenes satelitales para estimar la deforestación petrolera, tanto directa como indirecta, dentro del Parque y estos fueron los resultados: por el impacto directo documentaron la deforestación de 169 hectáreas para infraestructura petrolera y por impacto indirecto registraron la deforestación de 248 hectáreas que corresponden a la actividad agrícola a lo largo de carreteras que se crearon para el ingreso y salida de maquinaria y transporte del crudo.

Esos dos datos son contundentes e indican que la deforestación total suma 417 hectáreas, es decir, 117 más de las que fueron aprobadas en la consulta popular. “Hay planes para muchas más plataformas y carreteras de acceso para explotar el campo Ishpingo en el bloque petrolero ITT. Nuestros resultados indican que el gobierno debe considerar de nuevo esos planes ya que han perdido más de 400 hectáreas dentro de Yasuní”, le aseguró Matt Finer, investigador y director de MAAP, a Mongabay Latam.

Biodiversidad incuantificable

Una hectárea de bosque en Yasuní alberga alrededor de unas 100 000 especies de organismos, de los cuales el 90 % aproximadamente son especies pequeñas del grupo de los artrópodos. “Cortar una hectárea de bosque es afectarlos a todos ya que muchos de estos animales tienen un área de distribución muy limitada. Hemos estudiado la diversidad de estos organismos en 20 kilómetros en línea recta y apenas existe un 20 % de especies que se corresponden, esto quiere decir que el 80 % de la diversidad en este grupo de organismos varía apenas en tan solo unos pocos kilómetros de distancia”, comenta David Romo, PhD de la Universidad de Minnesota y profesor del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de San Francisco de Quito.

El profesor Romo es uno de los investigadores que mejor conoce la zona ya que además, es uno de los directores de la estación de biodiversidad Tiputini de la universidad que funciona en el Parque Nacional Yasuní. Sus declaraciones son alarmantes pues asegura que los estudios que han realizado les permite saber que al deforestar un kilómetro cuadrado de bosque, probablemente se esté llevando a la extinción a cientos de especies de estos organismos, que tal vez se ignoraba que existieran allí.

A pesar de esto, no hay forma de saber cuál es el impacto de la pérdida de esa biodiversidad. Lo cierto es que sí hay un efecto negativo, ya que, por ejemplo, muchos de los insectos están involucrados en procesos ecológicos como la polinización, la dispersión de semillas y sirven de alimento para otros animales como anfibios y reptiles. Conocer los impactos totales de la industria petrolera en el Parque Yasuní podría tardar 70, 80 o hasta 100 años. “Se está produciendo una alteración que no es medible en el corto plazo con ninguno de los estudios que propone la industria petrolera, y que están ligados a las licencias ambientales. Se necesitan estudios que se tienen que ir realizando con el pasar de muchos años”, asegura Romo.

Otra forma como se afecta la biodiversidad del Parque Yasuní radica precisamente en las vías de acceso que creó la industria de hidrocarburos y que ayudaron y ayudan a expandir la deforestación. “La apertura de vías de acceso propició la entrada de personas y de los mismos indígenas que aprovecharon estas carreteras para sacar madera. Ese fenómeno no solo ocurre en Yasuní sino en muchas otras áreas”, explica Benito Bonilla.

Por otra parte, el profesor Romo está convencido de que esas carreteras han servido para desangrar poco a poco el Parque, pues son utilizadas para tener acceso a más lugares en el bosque.

Pero todo esto también tiene una explicación social: hacen falta políticas tendientes a que las personas que viven en esta zona tengan acceso a salud, educación y empleo. “No existe una política del Estado ecuatoriano ni ningún programa para ayudar a que las personas tengan un desarrollo sostenible, es decir, que no pongan en peligro el bosque del cual se sustentan”, comenta.

Protección para los indígenas 

El tema de los pueblos indígenas aislados voluntariamente es el que más preocupa al colectivo YASunidos. No solo porque los Tagaeri y Taromenane son los dos últimos pueblos aislados voluntariamente que quedan en el Ecuador y en general en América Latina, sino porque el Estado no ha podido ofrecer unas medidas efectivas para que ellos puedan disfrutar de sus derechos. “El avance de la industria extractiva, los madereros ilegales y el poco control que el Estado ejerce en esta zona los pone en serio riesgo”, afirma Bonilla.

En la actualidad existe un plan de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a ejecutar políticas públicas para la protección de estos pueblos. Sin embargo, no ofrece una solución definitiva al avance de la industria extractiva. Bonilla es enfático en afirmar que esto puede ser muy peligroso: “podría terminar en  matanzas. Así de simple y claro. Matanzas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, lo cual es catalogado como genocidio en Ecuador”.

La situación se torna aún más difícil pues algunos miembros de las comunidades indígenas  —no solo los que viven en aislamiento— ante la escasez de atención y con muchas de sus necesidades básicas insatisfechas aprovechan la intervención de la industria para dedicarse al contrabando de flora y fauna.

A pesar de esto, el profesor Romo cree que hay una buena disposición frente al tema de la conservación por parte de los grupos indígenas que están dentro del Parque y en sus límites. No obstante, “la forma como las poblaciones indígenas se relacionan ya no es la misma de hace 100, 200 o 1000 años. Ha cambiado precisamente por la dinámica que la industria petrolera ha llevado a la zona de una manera acelerada”, indica.

YASunidos insiste en que seguirá luchando por la protección del Parque Nacional Yasuní y que el colectivo continuará con las denuncias de las irregularidades que se cometen en torno a la explotación petrolera, pues cualquier actividad extractiva en área protegida es inconstitucional.

Benito Bonilla no quiere que se sigan repitiendo desastres como el que vivió la Amazonía ecuatoriana con el presunto daño ambiental que dejó la explotación por más de 30 años de la empresa estadounidense Chevron, antes Texaco. El caso ha sido polémico pues comunidades indígenas demandaron a la empresa y en un eterno litigio tanto los ecuatorianos como la compañía han argumentado corrupción en los fallos.

Falta ver qué pasará con la explotación petrolera en el Parque Yasuní ahora que parece haber quedado demostrado que la industria petrolera ha deforestado más de lo permitido. “Hemos pedido al Ministerio de Ambiente que nos permita hacer una veeduría ciudadana y un monitoreo técnico y científico. No hemos obtenido ninguna respuesta por parte de ellos pero dicen que ya cuentan con un equipo de veedores. Esta es una práctica que ya ocurrió en el gobierno de Correa. Cuando denunciamos lo que ocurría en el Parque, ingresaron unos supuestos veedores que certificaron el cumplimiento de todos los estándares ambientales, ignorando las críticas y comentarios que se habían hecho desde los colectivos de la sociedad civil. Esperamos que esto no se repita”, concluye.