Gobernanza en las APP: Lecciones aprendidas del Gasoducto Sur Peruano

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Fuente: DAR

En los últimos años, en el Perú se ha incentivado la promoción de concesiones de carácter extractivo y de infraestructura, sobre todo en la Amazonía, y principalmente en territorios de poblaciones indígenas, lo que en numerosos casos ha dado lugar a conflictos sociales.

Entre 2013 y 2015 se promovió la aprobación de un conjunto de normas, como el DS N° 054-2013-PCM, el DS N° 060-2013-PCM, la Ley N° 30230 y la Ley N° 30327, para agilizar las inversiones que han debilitado la institucionalidad ambiental y el respeto por los derechos indígenas. Esto ha significado la reducción de autonomía del MINAM respecto del ordenamiento territorial, las zonas reservadas y los estándares de calidad ambiental, la flexibilización de procedimientos para la evaluación de los EIA y la suspensión de funciones como la potestad sancionadora del OEFA por tres años. También se ha podido comprobar que estos cambios originaron grandes afectaciones al medio ambiente y a la salud de pueblos indígenas. Adicionalmente, entre 2016 y 2017 se ha promulgado una serie de normas que han modificado nuevamente diversos aspectos de la gestión ambiental, seguridad territorial indígena y la institucionalidad de la promoción de las inversiones.

En el ámbito regional, se han visibilizado graves hechos de corrupción que han soslayado a doce países de América Latina y el Caribe, incluido el Perú, donde se han visto implicados exfuncionarios y expresidentes. Estos casos de corrupción ponen en evidencia que la transparencia en la actualidad es una herramienta fundamental para que los recursos no sean malversados y puedan llegar a quienes más lo necesitan.

Esto ha repercutido en el ejercicio de otros derechos, como la participación y el acceso a la información. El resguardo a los derechos y a la defensa del medio ambiente puede ser socavado si no se refuerzan los principios de un buen gobierno (gobernanza): (i) planificación de políticas, planes y programas; (ii) capacidad de gestión institucional; (iii) coordinación entre los niveles de gobierno e intersectorial; (iv) participación ciudadana; (v) rendición de cuentas de las autoridades a la ciudadanía; (vi) la ética pública y anticorrupción, y (vii) transparencia y acceso a la información pública. Lo fundamental es la promoción de este buen gobierno o gobernanza en conjunto con todos los actores de la sociedad para la toma de decisiones públicas.

En ese plano, la transparencia y el acceso a la información son ejes primordiales de la gobernanza, pues a través de la capacidad de los organismos públicos de dar a conocer documentos, políticas y procesos de toma de decisiones sobre la gestión y uso de los recursos naturales, así como la posibilidad de verificar su exactitud por los ciudadanos al acceder a esta información en control del Estado, se dispone de un medio para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente otros derechos, como la participación, la consulta previa y la vigilancia, entre otros.

Desde 2013, DAR ha realizado análisis de transparencia en el sector minero-energético y ha emitido recomendaciones para la mejora del sector. Con el fin de continuar con el trabajo que realiza DAR y los análisis realizados entre 2013 y 2016, se ha elaborado la presente publicación, que cuenta con recomendaciones para el país, con el fin de construir gobernanza.

En ese sentido, la presente publicación evidencia que aún se debe priorizar la implementación de los principios de gobernanza y el cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a la información en dos grandes procesos en el sector: licitaciones y evaluaciones de impacto ambiental. Especialmente en los sectores extractivo y de infraestructura, resulta decisivo seguir promoviendo estos elementos debido a la importancia que tiene el sector en la economía y en el desarrollo del país.

Promover y respetar el derecho a la participación de la población en la construcción de políticas, normativas y proyectos por el Estado, así como mejorar los canales de difusión y acceso de información hacia la población, es fundamental para evitar conflictos, casos de corrupción, y coadyuvar a un equilibrio entre la inversión y el medio social y ambiental.

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