El Gobierno denunció a la firma Odebrecht por presuntos sobreprecios

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Habría cerrado contratos de obra pública por hasta cuatro veces el valor real; el gigante brasileño niega las acusaciones

El Gobierno denunció al gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, por presuntos sobreprecios que habrían llegado hasta el 400% en contrataciones para obras públicas que se canalizaron a través de Nación Fideicomisos. Todo, según sospecha la nueva gestión, con un perjuicio potencial para las arcas públicas por decenas de millones de dólares.

La denuncia también alcanza a los anteriores responsables de la Secretaría de Energía -en tiempos de Daniel Cameron, en la órbita del entonces ministro Julio De Vido-, del Enargas y de Nación Fideicomisos por “el funcionamiento y la administración” de dos fondos fiduciarios. El primero, destinado a “las inversiones en transporte y distribución de gas”, y el otro, creado para “la contratación y adquisición de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica”.

Odebrecht negó ayer cualquier irregularidad o delito ante la consulta de LA NACION. Pero la denuncia, que quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría y el fiscal Patricio Evers, se plasmó en un momento singular. En Brasil, el delfín del conglomerado industrial más importante de América latina, Marcelo Odebrecht, se acogió al régimen de “delación premiada”. Colaborará ahora con la pesquisa conocida como Lava Jato con la esperanza de obtener una reducción en su condena a 18 años y 4 meses de prisión.

En los tribunales de Comodoro Py, en tanto, las nuevas autoridades de Nación Fideicomisos -que integra el Grupo Banco Nación- radicaron la denuncia basadas en dos reportes internos de su Gerencia de Operaciones y otros dos informes de la Auditoría General (AGN) y de la Sindicatura General (Sigen).

En esos informes, según la denuncia, se expusieron “expresas alusiones a diversas irregularidades que podrían, de confirmarse, resultar en maniobras compatibles con la comisión de delitos de acción pública”. Entre ellos, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Desde Odebrecht afirmaron a LA NACION que tienen “vasta documentación” para probar que su actuación “se enmarca dentro de un contrato conforme el marco legal vigente así como sus precios”.

Según la denuncia, por el contrario, esas supuestas “irregularidades” se plasmaron en una “diferencia sustancial” en las cotizaciones que presentó Odebrecht para construir dos colectores: uno para la planta compresora Beazley y otro para la Planta compresora Pichanal.

“Tal como se observa en el informe de la Gerencia de Operaciones”, citó la denuncia de Nación Fideicomisos, “la comparación entre ambas ofertas resulta superior al 400%, lo cual pone en evidencia el desmedido recargo exigido por Odebrecht al cotizar la Planta Colectora Beazley”.

Para la constructora, en cambio, “no existió diferencia de precios”. Argumentaron que “los trabajos en cuestión no son comparables porque en cada una de las plantas mencionadas depende de sus características específicas: ubicación de las plantas, logística, diseño, técnica constructiva, las condiciones de trabajo, la relación con los gremios, estacionalidad y plazos de ejecución”.

La propia Gerencia de Operaciones de Nación Fideicomisos, en tanto, también alertó el 13 de mayo pasado sobre los costos que pasó Odebrecht para importar “materiales críticos” con una “brecha considerable” entre los valores que presentó al ofertar y al comprar unos tubos de Ternium. “Representa una diferencia de US$ 28.782.083”, abundó la denuncia penal. Desde Odebrecht también negaron irregularidades en esa operación. Los precios “tampoco son comparables”, indicaron, ya que “por su naturaleza implican montos diferentes”.

Para el gigante brasileño, sin embargo, la denuncia penal del Grupo Banco Nación significó la apertura de un nuevo frente judicial en la Argentina en menos de dos meses. La diputada Graciela Ocaña se presentó ante la Justicia cuando desde Brasil trascendió que la Policía Federal de ese país había hallado mails de 2010 en los que se detallaban pagos pendientes desde 2008 por al menos US$ 80.000 para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su asesor y testaferro, Manuel Vázquez.

Esa denuncia recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, en tanto que el fiscal Franco Picardi pidió información a la IGJ y a las autoridades brasileñas.

Durante la última década, Odebrecht se convirtió en uno de los mayores beneficiarios de la obra pública en la Argentina, según detalló De Vido en agosto pasado en un intento de desmentir una investigación de LA NACION sobre los cerca de $ 8000 millones que había recibido Lázaro Báez durante ese mismo período.

El entonces ministro difundió una lista con el gigante brasileño en el sexto lugar. Es decir, sólo detrás de Techint, Electroingeniería, Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Corporación América (Eurnekian) e Invap, aunque los datos que aportó Vialidad Nacional tras el 10 de diciembre mostraron los verdaderos números de Báez, quien afronta múltiples causas penales y evalúa la figura del arrepentido. Esa senda recorre Marcelo Odebrecht en su país, mientras su constructora comienza a recorrer los tribunales argentinos.

Claves de una operatoria sospechosa

Irregularidades

Según la denuncia del gobierno argentino, la empresa brasileña aplicó sobreprecios en contrataciones para obras públicas que habrían superado el 400%, lo que le habría demandado al Estado pérdidas de decenas de millones de dólares

Funcionarios

El gobierno de Mauricio Macri sospecha que estuvieron involucrados en la operatoria los responsables de la Secretaría de Energía, el Enargas y Nación Fideicomisos

Delitos

Según la nueva administración, los funcionarios presuntamente involucrados podrían haber cometido los delitos de defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público

Un beneficiario

El propio ex ministro de Planificación Julio De Vido señaló en agosto del año pasado que Odebrecht fue una de las mayores beneficiarias de obra pública durante la última década

La defensa

la nacion se comunicó con la empresa brasileña, que se desligó de toda responsabilidad y afirmó tener las pruebas suficientes para acreditar que la denuncia -que quedó en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría- no tiene ningún asidero