El Gasoducto del Sur, con más de 1.000 kilómetros de tuberías, costó 7.000 millones de dólares al Gobierno peruano. La paralización ha dejado a 15.000 personas sin empleo

Perú canceló la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia del país, e impuso una multa millonaria por incumplimiento al consorcio a cargo, encabezado por la constructora brasileña Odebrecht. La firma, centro de un escándalo de corrupción continental, no contó con la financiación necesaria para terminar la obra, que ha quedado paralizada.

El Gasoducto del Sur, el mayor de Perú, consiste en más de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva del Cusco, y cruzar la compleja geografía de los Andes para desembocar en la costa pacífica. Se prevé que la obra reforzará el sistema de transporte de gas natural y permitirá la producción de energía eléctrica, beneficiando a seis regiones del sur del país.

Tras la cancelación del contrato, el debate se centra en el futuro del proyecto. Una nueva licitación tomaría entre 12 y 15 meses, y varios especialistas han recomendado el rediseño de la obra. Según el gremio de Construcción Civil, esta paralización, sumada a otras obras de Odebrecht como la irrigación de Chavimochic, Majes y Alto Piura, ha dejado sin empleo a 15.000 personas.

La concesión de la obra, en junio de 2014, fue muy cuestionada. En esa ocasión compitió un único postor —un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás—. Su único rival fue descalificado entre denuncias de irregularidades y falta de transparencia contra la agencia gubernamental de privatizaciones.

El gasoducto además ya había sido licitado en una anterior ocasión, al mismo postor y en mejores condiciones para el Estado. En 2010, la empresa Kuntur Transportadora de Gas (KTG) —cuyo único accionista era Odebrecht— se hizo con el proyecto con una inversión de solo 1.330 millones de dólares y asumiendo el riesgo total de la obra. Este contrato fue anulado por el Gobierno del presidente Ollanta Humala, que convocó el nuevo concurso.

Segundo contrato

Además de ser unos 6.000 millones de dólares más costoso, las nuevas condiciones del acuerdo implicaron que el Estado asumiera el riesgo. Para ello, durante los 34 años de la concesión, se dispuso un cobro extra en el recibo de electricidad de todos los consumidores. Las críticas no se hicieron esperar. El expresidente Alan García escribió entonces en Twitter: “Anularon un contrato. Tres años después lo firman con el mismo operador en peores condiciones. Ahora pagan todos los peruanos”.

Pero la compleja situación legal que enfrenta Odebrecht, desde que el año pasado se pusieran al descubierto sus corruptelas a nivel continental, en las que según confesó a la justicia estadounidense, pagaba sobornos para adjudicarse obras públicas, terminó truncando la operación. Su participación en el Gasoducto del Sur generó la reacción unánime de la banca internacional, que se negó a prestar los 4.100 millones de dólares que vale la obra (la constructora peruana Graña y Montero se sumó al consorcio en septiembre de 2015, con una participación del 20%). Según estipulaba el contrato, el consorcio tenía hasta el 23 de enero para conseguir dicha financiación.

Pasaron meses llenos de incertidumbre, donde se barajaron varias alternativas para no paralizar el proyecto, en el ya se habían invertido 1.500 millones de dólares. Los bancos pidieron que Odebrecht vendiera su participación (55% del proyecto). El fondo canadiense Brookfield y la empresa China National Petroleum Corp (CNPC) se mostraron interesados. La estadounidense Sempra Gas también anunció su interés, pero desistió por las limitaciones impuestas por la ley anticorrupción de su país.

El plazo se venció hace una semana, sin que Odebrecht consiguiera dinero para llevar el proyecto adelante ni vendiera sus acciones. Como consecuencia, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ejecutó la multa más cuantiosa de la historia del Perú. La constructora debió pagar una penalización de 262 millones de dólares, que desembolsó en dos cheques de gerencia.

El consorcio afirmó, pese al escándalo, haber hecho “todos los esfuerzos posibles” para dar continuidad al proyecto, cuya construcción tenía un avance del 10,7% en el montaje de las tuberías. En el país ya se encontraba el 62% de los ductos que integrarán la instalación.