El BID financia Hidroituango, un proyecto en tela de juicio

0
276

Semana Sostenible

Lejos de  encontrar las mejores soluciones y de entender realidades sociales, el proyecto está implicado en conflictos que han perjudicado a las comunidades que históricamente han ocupado el territorio.

Las instituciones Financieras Internacionales más importantes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la CAF, ofrecen financiamiento y asistencia técnica para que los gobiernos y el sector privado puedan desarrollar proyectos de infraestructura, programas de alivio a la pobreza y para promover el desarrollo sostenible. Su compromiso está en conseguir los mejores resultados, siempre teniendo en cuenta los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, no siempre los propósitos que financian son respetuosos de los derechos humanos y del ambiente, ni cumplen con los estándares de transparencia que mencionan.

El BID, uno de los bancos más importantes a nivel regional, ha realizado préstamos a Colombia por 2,26 mil millones de dólares, especialmente a los sectores de transporte y para reformas del Estado[1]. En el sector energético, ha participado en la financiación de varios proyectos hidroeléctricos como las centrales eléctricas de Porce II y III[2], localizadas en el departamento de Antioquia y pertenecientes a Empresas Públicas de Medellín (EPM). Recientemente, el banco ha hecho parte de la estructuración financiera de la Hidroeléctrica Ituango y aprobó un préstamo a EPM para culminar su construcción. Este financiamiento a Hidroituango se justifica, dicen, porque es una obra de interés nacional que permitirá producir el 16% de la energía del país (2.400 megavatios); además, la obra está ubicada en el llamado Cañón del Cauca, a unos 171 kilómetros de Medellín, una zona habitada por comunidades fuertemente impactadas por el conflicto armado.

La participación del BID en Hidroituango

En primera instancia, el BID firmó un convenio de cooperación técnica con EPM para el financiamiento de los estudios de estructuración financiera, técnica, económica y ambiental del proyecto hidroeléctrico. El convenio, aprobado en 2012, y cuyo presupuesto fue de dos millones de dólares, tenía el objetivo de definir la estrategia de financiación que adoptaría EPM, revisar los diseños de las obras civiles, identificar riesgos, realizar análisis de contingencias y evaluar los elementos económicos del proyecto. Además, y no menos importante, se realizaría un análisis del cumplimiento social y ambiental de la obra respecto a los requerimientos del BID[3]. En el marco de este último compromiso, EPM presento en septiembre de 2016  un estudio sobre la calidad del agua del río Cauca y la modelación de la calidad del agua del futuro embalse[4].

Con este antecedente, la Corporación Interamericana de Inversiones (IIC por sus siglas en inglés) del Grupo BID y quien financia proyectos sin garantía soberana al sector privado, aprobó un préstamo por un periodo de 12 años a EPM por un valor de 550 millones de dólares[5]. El proyecto fue clasificado por el BID en la categoría A, es decir la de máximo riesgo socio ambiental, lo cual obliga a la IIC a garantizar el riguroso cumplimiento de su política de salvaguardas sociales y ambientales. Sin embargo, la situación que denuncian las comunidades es de alta complejidad, ya se han generado graves afectaciones a los derechos humanos por el desplazamiento de población, e impactos al medioambiente, por lo cual no se entiende bien cómo el banco asegurará el cumplimiento de sus estándares.

Impactos y denuncias de las comunidades afectadas

Las comunidades impactadas por la hidroeléctrica, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, manifestaron mediante una carta dirigida a los directivos del BID[6] la grave situación de violación de derechos humanos y ambientales que se vive actualmente. En el documento solicitan la suspensión del crédito y ponen en evidencia cómo este financiamiento contradice los principios internacionales de derechos humanos y las propias políticas internas de la IIC. Por ejemplo, la carta señala que el proyecto no realizó una adecuada consulta y socialización del proyecto ni del estudio de impacto ambiental, el censo poblacional no reunió la totalidad de los afectados por la obra y la licencia ambiental ha sido modificada varias veces sin consulta.

La situación social también es grave dado que las comunidades y organizaciones sociales han recibido constantes amenazas y persecuciones a raíz de la movilización social contra la obra; cerca de 700 familias han sido desplazadas o desalojadas forzosamente y se han adelantado investigaciones por vínculos del proyecto con grupos armados. Además, se estima que la obra afectará la calidad del suelo y el agua e inundará 4.500 hectáreas de Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más escasos a causa de los impactos adversos causados por diferentes actividades en el país.  A pesar de estas denuncias, la carta no obtuvo respuesta del banco.

Es importante señalar que estas afectaciones se han dado en el marco de la construcción de la obra que está a cargo del consorcio CCC Ituango (misma que construyó Porce III), en el que participa la empresa brasileña Camargo y Correa, empresa que actualmente enfrenta investigaciones de la fiscalía por presuntos actos de corrupción relacionados con la operación Lava Jato. Es decir, otro problema que debe enfrentar Hidroituango.

Para cerrar, el discurso de las entidades y empresas participantes alrededor del proyecto ha buscado legitimar la obra como una de excelencia técnica necesaria para el progreso de la región. Sin embargo, es evidente que lejos de encontrar las mejores soluciones y de entender las realidades sociales de la zona, el proyecto está implicado en agudos conflictos que han perjudicado a las comunidades que históricamente han ocupado el territorio. En este sentido se pone en discusión el por qué el BID aprobó el préstamo existiendo denuncias masivas y públicas de la situación. Es alarmante que se aprueben grandes financiamientos a estos proyectos sin realizar una correcta verificación en el territorio, confirmando que las obras cumplan con los estándares requeridos por la normatividad nacional y por las mismas políticas sociales y ambientales de la institución financiera internacional.

[1] BID y Colombia. Consultado el 27/03/2017: http://www.iadb.org/es/paises/colombia/colombia-y-el-bid,1026.html

[2] Proyectos BID-Colombia en el sector de energía: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-details,1301.html?query=&adv=true&Country=CO&Sector=EN&tab=1&pagePIP=4&pageAPP=1&order=asc&sort=country&page=1

[3] Documento de Cooperación Técnica: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37220237

[4] Véase: http://www.grupo-epm.com/Home/Saladeprensa/Noticias/ProyectoItuangopresent%C3%B3estudiodecalidaddelaguadelr%C3%ADoCauca.aspx

[5] Perfil del proyecto: http://www.iic.org/es/proyectos/colombia/11794-04/epm-ituango-hydropower-plant

[6] Carta de Ríos Vivos al comité ejecutivo del BID: http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2017/01/canon-del-rio-cauca-antioquia-colombia.html