América Latina, la región donde se han asesinado a más defensores ambientales

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En 2017, cuatro personas fueron asesinadas cada semana por defender su derecho a un medioambiente limpio y saludable. El 60% de estos crímenes ocurrieron en América Latina y el Caribe.

Fuente: La República/ Perú 

Las cifras son alarmantes y muchas veces invisibles. En el 2017, cada semana fueron asesinados cuatro defensores ambientales, es decir 197 personas que, en su mayoría, provenían de comunidades indígenas y locales, según documentó la ONG Global Witness. Al menos 60% de estos crímenes ocurrieron en América Latina y el Caribe.

Ante esta preocupante realidad, en marzo de 2018, ONU Medio Ambiente lanzó Ginebra, una iniciativa para hacer frente a las amenazas, la intimidación, el acoso y el continuo asesinato de defensores ambientales.

“Los defensores son héroes que luchan por proteger al planeta y sus habitantes, pero la triste realidad es que muchos de ellos están pagando un alto precio con su seguridad y a veces con sus vidas”, aseguró Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente.

Los derechos ambientales existen en más de 100 constituciones y, sin embargo, entre 2002 y 2013, 908 personas murieron defendiendo el medioambiente y la tierra en 35 países.

“El caso de Berta Cáceres fue uno de los más conocidos. Era un proyecto grande en Honduras, una represa, entonces iban a usar agua de un río en la comunidad Lenca, la mayor etnia indígena del referido país. Ella fue asesinada.”, relata Andrea Brusco, coordinadora ambiental regional de Gobernanza Ambiental del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma).

En este caso, se logró detener a los actores materiales y al autor intelectual, quien era parte de la empresa que quería llevar a cabo esta represa.

“La cifras son claras y por ello hay una serie de retos. En primer lugar, estamos en el marco de la transparencia, importante para el derecho de los defensores ambientales. Tenemos que dar la información sobre megaproyectos y proyectos extractivos”, refirió Vanessa Cueto La Rosa, presidenta de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Cueto también resaltó la importancia de que la población impactada tenga la información clara sobre los proyectos que se realizarán en su comunidad, de lo contrario, estarán en desventaja con las empresas.

“En el Perú existen normas pero el problema está en su implementación”, afirmó la representante del DAR.

En busca de medidas

El 10 de abril se realizó el foro “Promoviendo mayores estándares sobre acceso a la información y transparencia en el sector extractivo’, en el que participaron miembros de diversos organizaciones sociales de distintos países de América Latina y el Caribe, así como a Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Naciones Unidas y del Ministerio del Ambiente (Minam).

El evento también permitió dar a conocer más sobre el recientemente firmado Principio 10, el primer tratado en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental vinculante de América Latina y el Caribe, cuya importancia, entre otras, radica en la protección de los defensores ambientales.

Para que este tratado internacional entre en vigor en Perú,los países que hasta ahora han formado parte de las negociaciones tienen que firmar y ratificarlo. Su entrada en vigencia depende de que 11 de los 24 gobiernos de las naciones que aprobaron el acuerdo lo ratifiquen en sus respectivos países.

Por ello, a través de este foro, se instó al Congreso a que ratifique el Principio 10 dentro del plazo establecido, que va de setiembre de 2018 hasta setiembre de 2020. A partir de esta fecha, deberán pasar 90 días para que el importante tratado pueda entrar en vigor y se pueda continuar luchando por la vida de quienes defienden otras vidas.